Durante la jornada de este martes, la Ministra Vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, decidió rechazar la calificación de «preso político» hacia el comunero mapuche, Celestino Córdova, quien fue condenado en su momento por la justicia, debido al caso Luchsinger-Mackay. Además, la jueza explicó mediante un diálogo telemático con los periodistas, luego del clásico Pleno efectuado por el máximo tribunal del país, en el que los beneficios de salida a los que el machi accedió, fueron fijados por Gendarmería.
Entretanto, Vivanco destacó que ese asunto le corresponde exclusivamente a dicha institución penitenciaria y que “Gendarmería tiene que responder cuáles son las razones o motivaciones para que una persona en un caso como este reciba los beneficios penitenciarios del caso“, agregó la magistrada. Cabe mencionar además que la autoridad mapuche cumple actualmente una pena de 18 años de cárcel luego de que la justicia lo declarara culpable por el asesinato de Werner Luchsinger (75) y Vivianne Mackay (69), matrimonio que fue quemado vivo al interior del fundo Granja Lumahue de Vilcún donde residían, la madrugada del 4 de enero de 2013. En tanto, Gendarmería le otorgó a Córdova los beneficios carcelarios, entre ellos, salida dominical desde el 8 de mayo y salida trimestral a contar de este martes.
A su vez, Vivanco fue consultada por la polémica que se suscitó en el ámbito político en torno a dichas salidas, y la posterior denominación de “preso político” que el machi tendría. Es así que la vocera del máximo tribunal señaló que “Celestino Córdova tiene una condena y esa condena no es por delitos de opinión como son las prototípicas situaciones que tienen que ver con los delitos políticos, sino con un hecho criminal, es un homicidio y un homicidio en condiciones además muy fuertes, muy duras“.
“Hay que tener presentes dos cosas respecto de los beneficios penitenciarios: uno, que no los da el Poder Judicial, y segundo, que los da Gendarmería. En consecuencia, a este respecto, Gendarmería tiene que atenerse a su propia reglamentación, a su propia normativa“, manifestó.
Entretanto, la jueza acotó que “es un tema que tiene que ver exclusivamente con ellos y desde ese punto de vista Gendarmería tiene que responder cuáles son las razones o motivaciones para que una persona en un caso como este reciba los beneficios penitenciarios“. Además, Vivanco enfatizó que “los delitos políticos se caracterizan por eso, son personas perseguidas por sus ideas, no por sus conductas y justamente por eso se les conceden una serie de beneficios internacionales y se les reconoce como víctimas de un régimen”.
Y no sólo eso, la vocera de la Corte Suprema añadió:
“Creo que no hay ninguna duda de que hace muchísimos años que estamos viviendo en un régimen democrático donde no se persigue a los opositores políticos y donde la persecución penal tiene que ver con delitos concretos de conducta, no de opinión, en consecuencia seguir discutiendo el tema de los delitos políticos en estas circunstancias a mí me parece que es inconducente. Estamos en presencia de una persona juzgada por un crimen y en consecuencia el tratamiento que se le dé en cuanto a beneficio o no tiene que ser tendiendo esa circunstancia procesal de él y no otro tipo de tema».
El tema a su vez, generó varios cuestionamientos hacia la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, debido a unas declaraciones hechas por ella a contar de este domingo. Así, luego de ser consultada por un medio nacional sobre la situación de Córdova, donde se le preguntó si este era un preso político o un homicida, la autoridad del Gobierno de dicha cartera se limitó a contestar que a ella «no le competería pronunciarse respecto de la calificación específica que tengan los casos“.
Tras las críticas hechas por la oposición, Ríos fue requerida nuevamente por el tema a contar de este lunes, afirmando que Celestino Córdova es «un preso político común, condenado por un homicidio», cerró.
