NOTA PERIODÍSTICA/INVESTIGACIÓN/FUERZAS ARMADAS/DEFENSA NACIONAL/PAÍS.
La polémica se adueñó del proceder de las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército y Carabineros de Chile, todo esto luego de un potente escándalo que salió a la luz, donde se dio a conocer el resultado de valores por el que dichos estamentos pretendían comprar armas que robaron desde dependencias institucionales (como también venderlas), y que de paso se hallaban avaluadas en varios millones de pesos, entre ellas, varios fusiles que costaban alrededor de $2.000.000, una pistola cuyo precio era de $300.000 y un revólver ofertado en $100.000, al igual que los objetos de ataque antes mencionados. Pero eso no es todo, también se encontraron varias cajas con municiones, además de granadas sustraídas desde diversas unidades militares, que al mismo tiempo han sido comercializadas en el mercado negro, mientras que los precios de fusiles y a la vez sub-ametralladoras, podrían escalar en valores de hasta un 200% sobre el valor por el que las unidades de Defensa adquirirían en el mercado establecido, de acuerdo a lo señalado en la Sentencia emitida contra militares y oficiales de policía, que actualmente se encuentra en los archivos de la Corte Marcial.
A su vez, uno de los civiles dijo haberse enterado de que alguien estaba vendiendo sub-ametralladoras en la Población Los Industriales de la comuna de Arica, lo que fue el génesis del escándalo. Dicha persona declaró sobre el hecho ante el Tribunal Militar, que en ese minuto investigaba el robo de dichas armas. Precisamente fue en julio de 2015, cuando en el Ejército se dieron cuenta de que faltaban unas cuatro sub-ametralladoras pertenecientes al Regimiento Rancagua, cuya unidad se encuentra emplazada en la misma ciudad del extremo norte, en este caso Arica. Por tanto, de acuerdo a la tasación presentada en ese momento por el Secretario del Juzgado, cada una de estas armas tenía un precio de alrededor de US$450 (lo que equivalía a $290.000 en moneda nacional, según el cambio de la época) en el mercado formal donde son regularmente adquiridas por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el valor que se pagó en el mercado negro esa vez fue mucho más alto de lo esperado, ya que dos de las sub-ametralladoras -de acuerdo a informaciones- fueron robadas en dicho regimiento ariqueño y posteriormente vendidas a $700.000 cada una, tal como reconoció en el mismo Tribunal, otro civil implicado en el delito y a su vez, cómplice del Cabo 1° que también las había sustraído. Las otras dos armas según dijo, se vendieron a un precio de $500.000 por unidad.
Y así, durante los últimos diez años se registraron unos 38 casos de robo o desaparición de armas, lo que además incluyó municiones, explosivos y otros pertrechos, por los que la Justicia Militar condenó a un total de 54 uniformados. Por lo tanto, los procesos aquí señalados muestran que los efectivos militares sentenciados por la Corte Marcial, vendieron en todo ese tiempo hasta visores nocturnos a $200.000 la unidad. Durante la revisión de aquel caso, también se encontró un total de 14 sentencias condenatorias por parte de la misma Justicia Militar, donde de acuerdo a lo señalado, uno de los efectivos involucrados confesó el monto recibido o bien, lo que pretendía pedir por el armamento, ya que en algunos casos la compraventa no alcanzó a concretarse. Precisamente en varias de estas causas, se presentaron los avalúos del armamento, el cual fue encargado por los mismos tribunales o bien, efectuados por los armeros de las instituciones de Defensa, quienes estaban a cargo de fabricarlas. De este modo, es posible identificar el elevado sobreprecio que en la mayoría de los casos se pagó, o más bien se iba a pagar en el mercado negro por dichas especies.
Si consideramos el total de las cifras, dichos fusiles se hallaban en ese momento avaluados entre $1,3.000.000 y $2.000.000 la unidad, en tanto, las granadas poseían un valor de $30.000 cada una, las pistolas por su parte, se hallaban vendidas en $300.000, mientras que los revólveres tenían un costo aproximado de $100.000, siendo algunos de los precios que se pusieron a las armas, que fueron robadas desde los cuarteles. De ahí se desprendió que dichas sentencias dictadas entre los años 2012 y 2022 por la Corte Marcial de Santiago (que también tiene jurisdicción sobre Carabineros, Ejército y Fuerza Aérea) y la Corte Marcial de la Armada (con sede en Valparaíso), confirmaron los resultados tras un estudio preliminar del caso.
Además, en varias sentencias se constataron precios que al final sobrepasaron el 100%, mientras en algunos casos el precio se saturó hasta en un 200% del valor original. Todo ello se observa en mayor medida -de acuerdo a los procesos judiciales revisados por una entidad de investigación periodística-, en dichas transacciones de fusiles o sub-ametralladoras. Respecto del tema, el Académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, quien también es especialista en temas de seguridad, señala que esta situación se debe al riesgo que deben afrontar tanto funcionarios militares como policiales al momento de identificarse el origen de dichas armas: “Que las bandas delictuales las vayan a utilizar en la comisión de delitos es un riesgo mayor para quien las vende ilegalmente, y ese riesgo se puede estar pagando”, destacó el experto.
En tanto, a comienzos de 2015 un total de tres conscriptos participaron en el robo de dos fusiles Modelo SIG-542, desde el Regimiento de Artillería Tacna, cuya unidad se encuentra ubicada en la Región Metropolitana. Por lo pronto y según preliminares, uno de los efectivos confesó ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago, el precio que habían acordado en ese momento para vender una de aquellas armas a un narco:
“Uno de los fusiles ya tenía comprador, en la suma de dos millones (…) y yo unos días antes, cuando fuimos a comprar marihuana a un traficante, que después nos increpó preguntando de donde éramos y a qué íbamos, respondiéndole que éramos del Regimiento y que veníamos a comprar yerba, nos ofreció la cantidad de dos millones de pesos en efectivo si le llevábamos un fusil”, dijo aquel conscripto. Del mismo modo, en la sentencia de dicho proceso judicial, no se incluyó el avalúo original del fusil, sin embargo en otra causa, una variante de dicha arma fabricada en Suiza, se avaluó en un total de $1,5.000.000, incluyendo además su cargador. Por tanto, a partir de este dato se pudo estimar que el precio ofrecido por aquel narco, era de un 200% sobre el valor del mercado formal.
Lo mismo sucedió con un militar que estuvo destinado en el norte y que a la vez, ayudó a unos civiles a robar un total de cuatro fusiles de guerra. Por su parte, las armas fueron encontradas al día siguiente en la casa de un narcotraficante, según lo informado en ese minuto. En tanto, la cifra que el funcionario iba a recibir por aquella sustracción, era de un total aproximado de $2,5.000.000 además de un automóvil, según su propia confesión. A su vez, otra sentencia en la que no se informó el valor pagado por las instituciones de Defensa en torno a las armas, tuvo que ver con una causa originada por un robo en la comuna de Putre, el cual ocurrió durante agosto de 2016. A partir de allí, unos conscriptos sacaron dos fusiles SIG 510, dos yataganes y otros pertrechos. Además, uno de ellos declaró ante el Tribunal que pese a que no tenía compradores, pensaba vender uno de aquellos fusiles en Santiago por un total avaluado en $1,2.000.000. Asimismo en dichas causas anteriores, este modelo de fusil tenía un valor en el mercado formal de $458.850 y que además incluía un cargador.
Mientras tanto, en Carabineros se informó sobre el precio pagado por la institución, en un caso donde se transaccionó una sub-ametralladora UZI Modelo 1980, que en su momento fue robada durante noviembre de 2018, desde la Sub-comisaría de Gómez Carreño en Viña del Mar, por uno de los policías que en ese minuto, trabajaba en dicha unidad. Al mismo tiempo, un oficio perteneciente al Depto. de Municiones y Armamento de la institución, fechado a contar del 22 de enero de 2019, aseguró que la referida UZI tenía un precio de $1,6.000.000 aproximados y que su cargador valía además sobre $200.000. Entretanto, el Cabo 2° que la sustrajo en ese minuto, confesó ante la Justicia Militar que se la había dejado a un cercano en un total avaluado de $1,3.000.000. Sin embargo, otros testigos aseguraron entremedio, que en realidad el precio pactado por dicho cargador era de unos $2,2.000.000.
Por su parte, el civil que en ese momento adquirió dicha UZI, fue interceptado vía telefónica por orden de la Fiscalía del Bio-Bío, junto a otras personas que estaban comprando dicho armamento de manera ilegal. Además, en una ocasión lo sorprendieron en medio de una conversación con un tercero, que al mismo tiempo le preguntaba si seguía con su contacto en Carabineros, mientras que él respondió: “No poh, hermano, esa mano ya fue ya… al loco le saltó la patá». (sic).
De esta manera, el civil contó todo ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago, mientras que las dos pistolas finalmente las compró en unos $300.000 cada una y sólo alcanzó a entregarle a aquellos vendedores, un total de $400.000 a modo de pie. Curiosamente, esa misma noche dijo “me enteré por la prensa que las dos pistolas que había comprado eran de una Comisaría (…) hago presente a este Tribunal que al momento que (…) y (…) me vendieron estas armas, ellos me dijeron que habían sentado a un amigo del (…) y que este sujeto las había sacado de una Comisaría”, cerró.
Asimismo, en dicho proceso fue condenado un Cabo de Carabineros, el cual sacó a su vez tres pistolas Taurus PT-917 y dos ametralladoras de la Sub-comisaría de Cerrillos, durante una madrugada de junio de 2016. Posteriormente, las dejó con uno de sus cómplices civiles, quien a su vez refirió que se deshizo rápidamente de ellas porque según él, «tenía miedo de lo que podría pasar». De la misma forma, el mencionado civil aseguró que dejó las tres pistolas en un basurero. No obstante, el comprador declaró que él fue quien le vendió el armamento.
Incluso a lo largo de ese episodio, no se especifica en dicha sentencia el valor de una pistola como esta, no obstante, en diversos sitios webs de armerías, se informó que este modelo no baja de los $600.000, por lo que el precio de esta no se habría relacionado con lo que regularmente se paga en el mercado formal. Una cosa parecida sucedió con un revólver Colt calibre 38, que posteriormente se robaron desde el interior de la Base Aérea Los Cóndores, perteneciente a la Fuerza Aérea de Iquique. Así, un conscripto relató que se lo vendió en una cantidad de $100.000 a un tercero que momentos antes, le fue presentado por un cercano. Por su parte, el Juzgado de Aviación, estimó aquel precio en unos $117.000.
En tanto, el único caso que se detectó en ese minuto, es que el valor de unas pistolas estuvo por sobre el precio real del mercado común, lo que ocurrió en noviembre de 2011 al interior del Regimiento Yungay 3, ubicado en la comuna de Los Andes, cuando de pronto un soldado confesó que mientras trabajaba en el almacén de material de guerra, escondió una pistola marca Beretta, la guardó en su mochila y finalmente la sacó de dichas dependencias. Incluso durante la investigación, la susodicha arma fue avaluada en unos US$250 (alrededor de unos $127.000 de la época), mientras que aquel funcionario involucrado la transó por unos $150.000 con un amigo al que apodaban “El Tomate”.
Al mismo tiempo, para las ventas en el mercado negro de dichas municiones, también se han mencionado una cierta cantidad de montos en las resoluciones efectuadas por la Justicia Militar. Sin embargo, en el caso de un Cabo 2° que paralelamente se desempeñaba en el Campo Militar Antofagasta y que además robó un total de 100 tiros según lo informado, el Jefe de uno de los departamentos de Logística del Ejército, declaró ante el Primer Juzgado Militar de Antofagasta que los cartuchos calibre 7.62 x 51 mm. que en su momento sustrajo el funcionario, tenían un precio por unidad de $394. De paso, la pareja de aquel soldado que lo terminó delatando a Carabineros durante junio de 2017, señaló que dichas municiones tenían un comprador: «Me indicó que le ofrecían $200 mil por los 100 tiros”, lo que quiere decir que aquella venta la habría efectuado a unos $2.000 cada uno.
De la misma manera, quien le entregó dicha munición sin recibo alguno, fue otro Cabo 2° que en su minuto fue juzgado por robarse miles de tiros de calibre similar, siendo sometido a proceso en el Tribunal de Antofagasta, donde se estimó que el referido había robado un total 25 cajas, incluyendo además unos 1.500 cartuchos cada uno, lo que arroja un total de 37.500 unidades. Entretanto, el militar aludido confesó que cada caja se vendía a un precio que abarcaba entre un monto de $100.000 y unos $150.000 a un tercero que de acuerdo a los mismos datos, resultó ser un traficante de armas.
De paso, el único proceso en el que sí aparece el precio de unas granadas, es el referido a la causa del Cabo que robó dichos tiros desde el Campo Militar Antofagasta. Incluso aparte de los cartuchos, el uniformado aprovechó de sustraer dos granadas de mano ARGES, que el Ejército compraba en su minuto a un precio de $24.853 la unidad, según la versión acreditada por el Tribunal. De la misma manera, tomó además otras dos granadas de mano, por las que la institución solía pagar alrededor de unos $29.338 por unidad. Sin embargo, en la Sentencia no se especifica que el oficial militar haya tenido intenciones de vender dicho material explosivo.
Según se informó, el vendedor de la granada, fue un soldado del Regimiento de Infantería N° 24 de Coquimbo, ubicado en La Serena, y que luego de robarla durante octubre de 2014, la transó con un amigo que era menor de edad. Según sus palabras: “El día domingo 26 de octubre vendí solamente una granada, la que ofrecí en la suma de $30.000 a mi amigo (…) conocido por el apodo de «El Caballo Loco», pero este me dio solamente cinco mil pesos, y el dinero restante, o sea los $25.000 que faltaban me los daría el domingo 2 de noviembre (de) 2014, cuando yo iba a estar de franco”, refirió.
Mientras tanto, el hombre que más se alejó de los precios del mercado en torno a los materiales de guerra, fue un integrante del Ejército que sustrajo un total de cuatro maletines con visores nocturnos Modelo NX-222b. Según la institución, cada uno de estos objetos se hallaba avaluado en un monto total de $5.947.200, pero el Cabo 2° los puso a la venta por medio de una página de Internet a un precio mucho más bajo. En tanto el aviso, según la versión de otro militar que a la vez testificó en el juicio, decía: “Vendo visores nocturnos, sólo por hoy en $200.000”, lo que finalmente se sumó a los antecedentes del hecho y que derivaron en las consecuencias relacionadas con este caso.
Sobre el presente tema, he aquí un testimonio principal a modo de cuña breve:
“Al respecto, pienso que todo acto de corrupción debe ser investigado y castigado como corresponde, pero también debo hacer presente que no se puede enlodar a toda una institución por los actos cometidos por funcionarios, ya que cada persona es responsable individualmente de los ilícitos que cometen. ¡Basta con la corrupción en todas las instituciones de nuestro país, este tipo de actos deben ser castigados absolutamente!”.
Alfonso Coke, Alcalde de Cunco y Presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía (AMRA).
