Luego del error que dejó fuera al Gobierno como querellante en el «Caso Huracán», la Ministra del Interior, Izkia Siches, removió a su jefa de División Jurídica, mientras que los Parlamentarios acusaron desprolijidad del Ejecutivo sobre el tema, exigiendo además asumir responsabilidades políticas. En medio de las duras críticas por el error que los terminó por excluir como querellantes en el bullado caso, Siches confirmó la restructuración de su equipo jurídico. Es así que a contar del próximo lunes, la abogada Luppy Aguirre Bravo, asumirá como nueva Jefa de División Jurídica, cuyo cargo en su minuto fue ocupado por Camila Barros.
Así lo anunció este viernes la titular de dicha cartera:
«Tomamos la determinación de reforzar también nuestro equipo de la División Jurídica, es por eso que este lunes se incorpora en la Jefatura de la División Jurídica del Ministerio del Interior, la abogada penalista Luppy Aguirre, con amplia experiencia…».
Asimismo, para el Diputado RN, Miguel Mellado, este es otro chascarro del Ministerio del Interior, motivo por el que emplazó al Presidente Boric a realizar cambios urgentes:
«Suma y siguen los chascarros del Ministerio del Interior, y el Presidente Boric lo dijo porque la verdad es que la Ministra no atinó antes haciendo los cambios que corresponden en los abogados. Ese Ministerio está dando jugo hace rato, ya es hora de cambiar los nombres, Presidente, porque cada día puede ser peor en el Ministerio del Interior», declaró el Parlamentario, en medio de su exhortación paralela hacia el Jefe de Estado.
En tanto, su par de centro-izquierda, a la vez que integrante de «Amarillos por Chile», Andrés Jouannet, culpó al Mandatario al señalar que está más preocupado de la campaña del Plebiscito que de la actual situación que se está viviendo:
«…Pero lo que es inexcusable que el Presidente no sepa, porque el Presidente dice: «voy a preguntarle, voy a hablar con la Ministra del Interior dónde estuvo el problema». Si el Presidente no sabe dónde estuvo el problema, mejor no se refiera al tema. Pero hay mucha desprolijidad, yo creo que el Gobierno está demasiado enfocado parece en la campaña del «Apruebo» y no está dedicado a gobernar», puntualizó.
Incluso desde el Gobierno, han tratado de restarle dramatismo a la polémica, afirmando que aún existen instancias judiciales para continuar interviniendo en la causa, que se inició a partir de 2018.