Para este 11 de noviembre, y en el contexto de uno de los peores episodios de la Justicia chilena ocurridos durante la Democracia, varios policías se coordinaron para implantar mensajes en celulares de 8 imputados a fin de detenerlos,y así lograr su posterior formalización y condena por parte de la justicia. Todo ello ocurrió el 20 de septiembre de 2017, donde el Fiscal Regional Cristian Paredes, recibió un primer informe perteneciente a la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE), donde indicaba los nombres de los presuntos responsables de ataques incendiarios, cuyos mensajes de WhatsApp daban cuenta de una coordinación entre ellos, relacionada con alertas de tres ataques programados entre La Araucanía y Los Ríos en poco tiempo.
Así, la Fiscalía Regional efectuó varias órdenes de detención e incautación de bienes a dichos individuos, de acuerdo al informe elaborado, mientras que el 23 de septiembre de 2017, se efectuaron allanamientos simultáneos en las ciudades de Temuco, Los Ángeles, Concepción, Talcahuano y Ercilla, donde resultaron detenidas 8 personas: entre ellas, el vocero de la CAM, Héctor Llaitul, su hijo Héctor Llaitul Pezoa, además de los hermanos Rodrigo y Jaime Huenchullán Cayul, David Aedo Cid, Martín Curiche, Claudio Leiva y el Machi Fidel Tranamil.
No obstante, se descubrió que todo era un montaje para detener a estos ocho líderes mapuches o bien personas ligadas a las reivindicaciones en la Macrozona y asimismo, privarlos de su libertad, donde según se desprendió, les inculparon falsamente y con pruebas falsas. Del mismo modo, el Fiscal Regional de Aysén Carlos Palma, quedó a cargo de la investigación para determinar y condenar a quienes resultaron responsables de aquellas falsedades en la Operación Huracán, pero hasta hoy y ya a más de 5 años de ocurrir los hechos, no ha pasado nada.
En tanto, se programó el esperado juicio oral para el próximo 11 de noviembre, fecha donde se espera que pueda continuar la investigación de uno de los peores episodios de la Justicia chilena después del Gobierno Militar y que afecta tanto a dos miembros del Ministerio Público como a varios de los oficiales policiales involucrados en la elaboración de mensajes y programación de dichas detenciones.
