A contar de este lunes 21 noviembre de 2022 entra en vigencia la Ley 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, modificando diferentes cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de pensiones de alimentos en Chile. Así, de acuerdo al último informe de la Superintendencia de Pensiones, a septiembre de 2022 se habían solicitado más de 630.000 liquidaciones por deudas de alimentos entre los tres retiros de fondos AFP. Por tanto, es sólo una cifra tentativa de la cantidad de mensualidades totales a deberse en el país.
Es por eso una problemática que afecta mayoritariamente a las mujeres, quienes suelen asumir el cuidado de niñas, niños y adolescentes (sean madres, abuelas u otro tipo de cuidadoras).
“No pagar las pensiones es una forma de violencia que afecta a niñas y niños y a madres, esta ley viene a mejorar el régimen de cumplimiento de las obligaciones de alimentos que tienen madres y padres con sus hijas/os, promover el principio de corresponsabilidad entre madres y padres y resguardar el interés superior de las/os niñas/os; y servirá para incentivar el pago de las pensiones de alimentos a través de sanciones a la morosidad”, remarcó la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, (SERNAMEG) Lucy Ketterer Romero.
Por tanto, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos consiste en un registro electrónico administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones, remoto, gratuito e inmediato, para cualquier persona o institución que tenga la obligación legal de consultarlo (deudores, demandantes, representantes legales, tribunales y personas o entidades obligadas a consultar el registro). Asimismo, el Tribunal que conozca la causa judicializada de alimentos, ordenará al Servicio de Registro Civil registrar mensualmente a las personas deudoras. También ordenará sacarlas en caso de que acreditarse el pago completo de las pensiones adeudadas o bien se adopte un acuerdo aprobado por el tribunal (únicas vías para salir del Registro).
Para quienes estén en el Registro, se podrá retener dinero de operaciones de crédito efectuadas por la persona deudora. De registrarse operaciones por 50 UF o más, se retendrá el 50% del crédito; en caso de venta de inmuebles o vehículos motorizados, el Conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil podrán inscribir la transferencia, sólo si la persona deudora acredita que con las ganancias de la venta pagará las mensualidades debidas.
Al mismo tiempo, se retendrán las devoluciones de impuestos de las personas deudoras hasta que se salde la deuda. Las personas deudoras no podrán renovar sus licencias de conducir ni pasaportes. Por otro lado, se retendrá un porcentaje del sueldo de las personas deudoras que se desempeñen en alguno de los tres poderes del Estado u otro organismo público, sea por contratación o ascenso. También aplica a cargos de elección popular y de alta dirección pública.
Lo mismo ocurre al momento de acceder a beneficios económicos del Estado, los fondos adjudicados se destinarán al pago de las deudas. Por su parte, las deudas por pensión de alimentos deberán ser declaradas en la Declaración de Intereses y Patrimonios (en el caso de las personas que corresponda).
Se incorporará asimismo, la revisión del Registro Nacional de Deudores en la evaluación de idoneidad de los solicitantes de adopción de una niña, niño o adolescente.
Por lo pronto, empleadores de personas deudoras podrán descontar montos de las liquidaciones de sueldo para el pago de las mensualidades adeudadas; entre otras. Seis meses después de entrada en vigencia la ley del Registro, entrará en vigor la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Ambas normativas en tanto, formarán parte de una nueva institucionalidad creada para mejorar el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos en el país, la cual comenzará a regir de forma completa en mayo de 2023.
Si bien ambas apuntan a hacer más efectivo y eficiente el pago de las pensiones de alimentos, las normativas son distintas y por ende no deben confundirse (es necesario diferenciarlas al momento de comunicar). Por su parte, si bien el Registro Nacional de Deudores crea incentivos para el pago de deudas a través de sanciones a la morosidad, la ley de Responsabilidad parental establece a su vez un mecanismo de pago efectivo de las pensiones de alimentos ya adeudadas, lo que servirá para regular dichos montos.
