GRUPO DE PROFESIONALES REALIZA DECLARACIÓN PÚBLICA EN POS DE LA RECONCILIACIÓN

DECLARACIÓN PÚBLICA

La reciente discusión en torno a la «Operación Huracán» ha puesto nuevamente de relieve la

necesidad de esclarecer la falta de responsables en esta investigación. A través de diversas

instancias, se ha solicitado al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, respuestas claras, siendo uno de

los episodios más comentados el reciente llamado del Senador Francisco Huenchumilla, cuyo

planteamiento fue resumido por la prensa como: “¿Y dónde está la Operación Huracán?”. Esta

demanda no solo apunta a la necesidad de justicia, sino también a la claridad en los procesos

judiciales y políticos vinculados al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.

En el marco de esta discusión, recientemente, durante una actividad pública, una periodista

insistió en clasificar a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) bajo la categoría de crimen

organizado. Diversas voces, incluyendo la del propio Huenchumilla, han aclarado que dicha

organización no se ajusta a esta definición legal, basada en el análisis jurídico. No obstante,

algunas interpretaciones mediáticas han tergiversado estos argumentos, promoviendo lecturas

simplificadas que distorsionan la realidad y confunden a la opinión pública.

Es preocupante que, en vez de contribuir al diálogo y la solución del prolongado conflicto entre

el Estado y el pueblo mapuche, algunos medios y actores políticos recurran a exageraciones y

falacias que solo sirven para entorpecer el proceso. Estas narrativas no solo perpetúan el racismo

y la violencia simbólica, sino que además desvían la atención de las demandas legítimas de

restitución de tierras ancestrales que el pueblo mapuche ha planteado de manera constante y

justa.

Entre los actores que han agravado el conflicto se encuentran aquellos que han construido su

discurso en torno al miedo, especialmente políticos y empresarios ligados a la explotación de los

territorios. Estos actores, más allá de sus diferencias ideológicas, comparten una estrategia

común: utilizar la seguridad como pretexto para militarizar el territorio y exacerbar el conflicto.

Lamentablemente, muchos de estos actores no han demostrado avances concretos en la

búsqueda de una solución y siguen priorizando el enfrentamiento sobre el diálogo.

Frente a esta situación, es imperativo que surja una nueva forma de conciencia, una que

reconozca los agravios históricos sufridos por el pueblo mapuche, pero que también abra

espacios para reparar el daño provocado por la violencia en todas sus formas. Solo a través de

una reconciliación verdadera y efectiva será posible superar el racismo y los prejuicios que nos

han dividido. Este camino no es sencillo ni inmediato, pero es un proceso esencial para construir

una sociedad más justa y equitativa.

La reconciliación no se trata de “borrón y cuenta nueva”. Es un proceso de aprendizaje social

que nos invita a superar el racismo y los prejuicios que nos han dividido por tanto tiempo. Para

avanzar en este camino, es esencial que la ética profesional y el rigor en el ejercicio de todas las

profesiones estén a la altura de las circunstancias. La mala fe es, sin duda, parte del problema.

Respetar la ley implica conocerla y aplicarla correctamente. La prensa debe cumplir su rol con

responsabilidad, el debido proceso debe respetarse, y el Estado debe ofrecer respuestas claras

y transparentes.

Respaldan:

  • Jorge Huichalaf. Profesor. Magíster en Gestión, Planificación e Innovación de la Práctica
    Educativa.
  • Felipe Manríquez Poblete. Profesor de Historia y Geografía, Magíster en Educación.
  • Vicente Painel Seguel. Licenciado y Profesor de Filosofía. Magíster en Historia.
  • Carlos Guerrero. Abogado en Derechos Humanos.
  • Ximena Sepúlveda Varas. Ingeniera Civil Industrial. Magíster en Desarrollo Humano
    Local y Regional.
  • Carmen Gloria Oñate Oñate. Profesora de Castellano y Comunicación, Licenciada en
    Educación
  • Juan Pablo Rioseco Díaz. Periodista Universidad de Chile, Agencia Sur 360°
  • José Aylwin Oyarzún. Abogado de Derechos Humanos.
  • Gastón Sepúlveda Espinoza. Profesor Jubilado.
  • Vicente Painel Pilquil. Profesor Normalista. Médico Cirujano. Ginecobstetra.
  • Bárbara Ballesteros Brevis. Cientista Política, Magíster en Gobierno, Gestión y
    Desarrollo Regional.

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