NOTA PERIODÍSTICA/HISTORIA/CRÓNICA LOCAL.
Uno de los más tristes hechos de nuestra historia y que lamentablemente pasó desapercibido por mucho tiempo fue la Matanza de Ránquil. El origen de este conflicto agrario se remonta por décadas. Siendo conocida como la hijuela de Ránquil, este terreno formaba desde 1881, parte de un latifundio extenso denominado San Ignacio de Pemehue, que poseía alrededor de 132.000 hectáreas, De allí, el conflicto inició su escalada desde 1929, en cuya oportunidad Carlos Ibáñez del Campo, dictó el decreto N°3.871 del día 14 de agosto. A partir de allí reconocía a la Familia Puelma-Castillo la propiedad de unas 139.362 hectáreas, las cuales se hallaban ubicadas en el Alto Bio-Bío, lo que incluyó unas 4.000 hectáreas de terrenos fiscales, los cuales fueron entregados anteriormente a familias de colonos.
De igual manera los campesinos, al conocer esta medida otorgada por el Ejecutivo, reaccionaron ante esto organizándose en el Sindicato Agrícola de Lonquimay, cuya delegación fue encabezada por su Presidente Juan Leiva Tapia, que viajó a Santiago a fin de intentar revertir esta medida. A partir de allí, se logró la derogación del Decreto N°3.871, lo que llevó a que se dictara uno nuevo: el N°265 del 27 de marzo de 1931, el cual convertiría esta hijuela en la denominada Colonia Agrícola de Ranquil.
No obstante, la caída de Ibáñez y la posterior ascensión de Arturo Alessandri Palma a la Presidencia de la República, significaría el inicio de la Tragedia de Ránquil y del Alto Bio-Bío. Fue a partir de allí que la nueva administración adoptó una política favorable a los intereses latifundistas, mientras que por su parte los hacendados Puelma y Bunster, consiguieron a través de sus abogados que el gobierno volviera a revisar las medidas paliativas adoptadas por Ibáñez para terminar con la situación en 1931.
Dicho informe recogido en la comisión nombrada por el Ministerio de la Propiedad Austral, a fin de investigar la validez de terrenos en la Provincia del Bio-Bío, dejó como resultado los decretos de 1931, los cuales favorecieron a los colonos con la entrega de unas 30.000 hectáreas de terrenos fiscales a los latifundistas. Fue así que dicha acción legal del Ejecutivo sentó las bases para que los campesinos, colonos y mapuches fuesen considerados como ocupantes ilegales de los terrenos, siendo solicitado su definitivo desalojo. En tanto, era difícil para los mismos colonos y campesinos aceptar el abandono de las tierras que consideraban legítimamente suyas. Mientras el Sindicato de Lonquimay, pretendió establecer una coordinación para dicha resistencia, mas el traslado a la zona de fuerzas armadas de Carabineros, sumándose el apoyo de la Guardia Civil de Lonquimay y las milicias republicanas que respondían a las órdenes del Gobierno, no lograron ser contrarrestadas por los colonos.
De igual manera, se produjeron enfrentamientos menores como el de Nitrito, siendo el más recordado por su significado, el acontecido en el Puente de Ránquil, donde a inicios de julio de 1934, alrededor de 200 campesinos trataron de impedir el paso a los uniformados y a las fuerzas de apoyo particular. Como consecuencia, un centenar de personas murieron esa semana, por lo que un número indeterminado de estas resultó apresada.
En Victoria asimismo, se realizó un padrón que llevaba la identificación de 61 detenidos, que fueron trasladados a la Cárcel Pública de Temuco, razón por la que el Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Franklin Quezada Rogers, fue el juez que estuvo a cargo del proceso criminal contra los civiles y uniformados desde mediados de julio hasta octubre de 1934. En el mes de noviembre de ese año, el Juzgado Militar de Concepción se trasladó a Temuco con el fin de investigar las responsabilidades que involucraban a algunos oficiales de carabineros involucrados. Sin embargo, a finales de noviembre de ese año, se dictó una Amnistía que los liberó de toda responsabilidad.
Por otro lado, el Congreso Nacional abordó de igual forma lo ocurrido en Ránquil. De allí se generó la primera sesión de la Cámara de Diputados, que fue destinada a evaluar respecto de las noticias que llegaban desde la zona, teniendo lugar el 10 de julio, donde se resaltó el desconocimiento sobre las características de la zona, como también de los grupos que estuvieron involucrados en el conflicto. Ni siquiera el Congreso publicó los informes que armaron algunos diputados, quienes viajaron a la zona para corroborar in situ, la veracidad de los hechos. Es por ello que la historiografía actual aún tiene tareas pendientes con lo sucedido en Ránquil y el Alto Bio-Bío, pues las tergiversaciones aún abundan, lo que impide reconocer la profundidad de la tragedia.
De hecho, la masacre de esos años aún deja una herida abierta, dado que no ha habido solución sobre este tema a lo largo de la historia, llevándose consigo la sangre de muchas victimas que lucharon por la legítima defensa de sus tierras.
